Poder y Gobierno

AMLO “CHIVATEA”: LE PONE EL DEDO AL GRUPO DE ÉLITE DEL EJÉRCITO

Méx.- Más que apagarse, las llamas del operativo Culiacán arrecian en México y amenazan con chamuscar la credibilidad del Gobierno. Tras el ejercicio de transparencia del miércoles, con datos, horas, videos e imágenes de la detención y liberación de Ovidio Guzmán, llegó el turno de las preguntas.

Ante los cuestionamientos de los periodistas el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ordenó este jueves al secretario de la Defensa que dijera el nombre del responsable del operativo. El general Luis Cresencio Sandoval no tuvo más remedio que darlo. Ese fue el inicio de una tormenta de críticas y acusaciones que se prolongó hasta el final de la conferencia de prensa matutina del presidente.

Poco se sabe del señalado. El general Sandoval ha informado de que se trata del coronel Juan José Verde Montes, comandante del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico, GAIN, un grupo de élite del Ejército. En los archivos de la Defensa figura su último ascenso, a finales del año pasado. Nada más. Quedan en el tintero preguntas sobre su implicación concreta en el operativo de Culiacán, si fue el funcionario de mayor rango pendiente del operativo o si, por el contrario, había otros. Pero ahí queda su nombre. Su soledad ilustra la arbitrariedad del Gobierno en la comunicación de la preparación del operativo, su ejecución y los fallos.

La mención del nombre del coronel desató las críticas contra el presidente, incluso hasta el punto de señalar violaciones a códigos militares. Muchos se han acordado en México del caso de Melquisedec Angulo. En 2009, la Secretaría de Marina organizó un operativo en Cuernavaca para capturar a Arturo Beltrán Leyva, viejo aliado del cartel de Sinaloa. Beltrán Leyva murió durante la operación, igual que el marino. Ocurrió que el nombre de Angulo se filtró a la prensa y apenas unos días después un comando asesinó a su familia en Tabasco, a cientos de kilómetros de allí.

El marino era personal de tropa y participó en el operativo, estuvo en campo. En cambio, Verde es coronel y ha sido señalado por Sandoval como el máximo responsable del GAIN. Catalina Pérez Correa, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, opina que “hay un riesgo en dar los nombres. Es verdad que él no estaba en campo, pero dar un nombre sí es peligroso para él y sus familiares, dado el nivel de inseguridad que hay en México y el nivel de reacción de los cárteles”. La prensa ha preguntado mucho estos días por la responsabilidad del operativo, quién sabía y quién decidió. Por eso ha extrañado el señalamiento a un mando medio. “Cuando los periodistas preguntaban quién es responsable, no era para saber solo este nombre, sino tratar de entender cómo se rompió la cadena de mando. Entender si un operativo de este tipo se pudo poner en marcha sin el conocimiento de los de arriba. Porque el nombre de él no lo resuelve. Hay un desfase entre lo que se pide y lo que se da”, añade Pérez Correa.

Para Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, “es extraordinariamente grave que se haya nombrado al responsable de la operación. Una cosa es la rendición de cuentas que debe haber ante los errores, sin duda. Pero otra es la publicidad de los datos personales de las personas que lo están arriesgando todo para perseguir al crimen organizado”.

En cualquier caso, la acusación de violar códigos militares parece más bien exagerada. EL PAÍS ha consultado a dos abogados, expertos en justicia castrense y ninguno aprecia responsabilidades de acuerdo al Código de Justicia Militar. Ramiro Ramírez explica por ejemplo que el único problema habría sido de Sandoval. “Se lo ordenó el presidente, que es su superior. Si se hubiera negado a dar el nombre, podría haber incurrido en un delito de desobediencia e incluso en otro de traición a la patria