Poder y Gobierno

GOBIERNO DE MÉXICO FICHA COMO CRIMINALES A TRES MUJERES; ABOGADA, PERIODISTA Y DEFENSORA

  • El Cártel de los Zetas no eran los únicos sospechosos de la masacres de San Fernando. Tres mujeres también habían sido investigadas.

MÉXICO.- Durante una década, Ana Lorena Delgadillo buscó justicia en una de las atrocidades más notorias de México. La masacre de San Fernando en el estado de Tamaulipas asombró a la nación con su barbarie: hombres armados sacaron al menos a 193 personas, algunos de ellos migrantes centroamericanos, de los autobuses, los mataron a golpes y arrojaron sus cuerpos en fosas clandestinas. Nadie ha sido condenado nunca.

Delgadillo luchó todo el camino hasta la Corte Suprema para obligar al gobierno a divulgar detalles sobre la masacre de 2011, atribuida ampliamente al cartel de Los Zetas. Finalmente, ganó. Este año, las autoridades entregaron los 271 volúmenes de su investigación a su grupo de derechos humanos. Y allí, en el Volumen 221, el abogado de 48 años encontró algo sorprendente.

Resultó que los Zetas no eran los únicos sospechosos en el caso. Ella también era una.

Las autoridades mexicanas abrieron en secreto una investigación por crimen organizado sobre Delgadillo y otras dos mujeres que intentaban desentrañar lo sucedido en San Fernando, según más de 200 páginas de documentos judiciales revisados por The Washington Post.

La apertura de la investigación otorgó a los fiscales poderes especiales para vigilar a las mujeres. Obtuvieron registros de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto. Luego, la policía federal trazó un mapa de sus comunicaciones.

Las tres mujeres se encuentran entre las principales figuras que documentan la crisis de los desaparecidos en México, en la que han desaparecido más de 94.000 personas. Una es una periodista galardonada, Marcela Turati. Otra es una aclamada antropóloga, Mercedes “Mimi” Doretti.

Los registros judiciales, que no han sido revelados previamente, brindan una mirada poco común a cómo el gobierno de México dirige sus considerables capacidades de vigilancia no solo a los criminales sino también a los activistas de derechos humanos, periodistas y otros críticos. Las revelaciones se producen en medio de una protesta por el uso del estatuto especial contra el crimen organizado.

La ley otorga a los fiscales autoridad para controlar las comunicaciones de los sospechosos, encarcelarlos sin cargos y limitar su acceso a abogados. Fue aprobada en 2008 para luchar contra grupos narcotraficantes tan poderosos que el gobierno mexicano los consideraba una amenaza existencial. Sin embargo, la medida se ha utilizado en los últimos años contra políticos acusados de corrupción, ejecutivos de empresas sospechosos de fraude e incluso 31 científicos acusados de irregularidades presupuestarias.

La investigación de las tres mujeres “es un caso extremadamente revelador de un sistema judicial disfuncional e incompetente que se utiliza habitualmente para el abuso de poder”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El lunes por la noche, Delgadillo presentó una demanda exigiendo que las autoridades cerraran la investigación y examinen los abusos de la Fiscalía Especial para el Crimen Organizado. “Parece que hicieron esto para tratar de encontrar algo y sacarnos del camino”, dijo. “No puedo pensar en ninguna otra explicación”. Señaló que algunos de los miembros del personal que abrieron la investigación todavía estaban trabajando en la unidad.

La Procuraduría General de la República de México niega haber utilizado cargos de crimen organizado para atacar a los críticos. Se negó a comentar el martes sobre el caso contra las mujeres. Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno de México, dijo a The Post que la pesquisa “es una clara muestra de la arbitrariedad que reinaba bajo el antiguo régimen y en la [procuraduría general], que criminalizaba a periodistas y derechos humanos defensores “.

No hay indicios de que la investigación haya revelado alguna evidencia de irregularidades por parte de las tres mujeres. Nunca se presentaron cargos.

Delgadillo dijo que la investigación forma parte de un patrón en el que el gobierno ha tratado de desviar la atención de su mal manejo del caso de San Fernando, en el que la policía local presuntamente cooperó con Los Zetas. Las familias de las víctimas se han quejado de confusión en la recepción de los cuerpos y de cremaciones realizadas sin su permiso.

“Desde el principio, [las autoridades] han cuestionado nuestra representación de estas víctimas”, dijo Delgadillo. “No quieren que estas víctimas sean representadas por nadie”.

Incluso para una nación sumergida en la violencia, los asesinatos en San Fernando marcaron un nuevo tipo de horror. No era solo que las fosas comunes fueran las más grandes descubiertas hasta ese momento en la guerra contra las drogas. Lo que sucedió fue una masacre a cámara lenta en una carretera a 90 millas al sur de Texas. Hombres armados detuvieron al menos 10 autobuses de largo recorrido durante varios días, arrastraron a los pasajeros y les aplastaron el cráneo con mazos. Según los informes, los asaltantes creían que los viajeros eran refuerzos enviados a la región por un cartel rival.

San Fernando ya era conocido por la violencia de los carteles. Solo un año antes, en 2010, 72 migrantes de América Central y del Sur fueron asesinados después de ser secuestrados en lo que se conoció como la “Carretera de la Muerte”.

Mucho antes de que las autoridades reconocieran la crisis de las desapariciones, Turati se había convertido en el principal periodista del país en el tema. Fue uno de sus viajes informativos lo que desencadenó la investigación del crimen organizado de las tres mujeres, según los registros judiciales. En 2015, Turati escribió un artículo para la revista de noticias Proceso titulado “Las tumbas masivas de San Fernando: errores de la Fiscalía General”. Describió cómo las autoridades no notificaron a una madre sobre el descubrimiento del cuerpo de su hijo desaparecido de 22 años, encontrado cuatro años antes con una tarjeta de identificación metida en un bolsillo.

Después de entrevistar a la madre, Turati le entregó un papel con su información de contacto y también el número de Delgadillo. “Abogado de la Ciudad de México (gratis)”, había garabateado Turati. El 21 de enero de 2016, cuando la madre finalmente recibió un aviso oficial sobre el cadáver de su hijo, autorizó al grupo de Delgadillo, la Fundación para la Justicia, a representarla.

Ocho días después, los acontecimientos dieron un giro extraño. La madre presentó una denuncia ante la unidad de delincuencia organizada, alegando que no le había dado permiso a Turati para publicar información sobre su caso y que el artículo podía ponerla en peligro. (Turati dijo que la madre había cooperado de buena gana; el reportero usó un seudónimo para ella, “Ana”, para proteger su privacidad y no publicó el nombre de la ciudad). La madre afirmó que Delgadillo había acompañado a Turati en la entrevista, algo que el periodista niega. La madre solicitó una investigación de cómo las mujeres habían encontrado su hogar.

La unidad de crimen organizado abrió una investigación de secuestro como parte del caso de la masacre de San Fernando, aunque no hubo alegatos de que las tres mujeres estuvieran involucradas en algún secuestro. Los investigadores enviaron una orden “extra-urgente” a las compañías telefónicas mexicanas para entregar los registros de todas las llamadas y mensajes de texto iniciados o recibidos por Turati, Delgadillo y Doretti a partir de febrero de 2015, además de información sobre sus ubicaciones durante cada llamada.

“Tenían un mapa perfecto de lo que estábamos haciendo durante un año”, dijo Delgadillo.

El descubrimiento de la investigación del crimen organizado ha dejado a las mujeres rascándose la cabeza. Doretti, beneficiario de una subvención de “genio” de MacArthur, es conocido por encontrar pruebas de crímenes de lesa humanidad en tumbas en Irak, Bosnia y otros países. Su grupo, el Equipo Argentino de Antropología Forense, es tan apreciado que en 2013, la Fiscalía General de México lo aceptó formalmente como socio para identificar a los muertos en San Fernando.

“Fueron los mismos investigadores con los que trabajábamos todos los días los que terminaron investigándonos”, dijo Doretti. Dijo que los agentes mexicanos podrían haber estado molestos porque su equipo había pedido una investigación sobre “problemas graves” en el manejo de las tumbas de San Fernando. “Creo que estaban buscando algo que pudiera frenar esto”, dijo.

No sería la única vez que se cuestiona el trabajo de la unidad de delincuencia organizada. En marzo de 2015, la Organización de Estados Americanos envió expertos para ayudar al gobierno mexicano a investigar la desaparición de 43 estudiantes de una escuela de profesores en la localidad de Ayotzinapa. Los expertos internacionales se sintieron tan frustrados con la unidad de crimen organizado que pidieron su eliminación de la investigación. El equipo de la OEA salió de México en 2016 luego de quejarse de que su trabajo había sido obstruido y sus teléfonos habían sido intervenidos.

El gobierno de México tiene una larga tradición de espiar a políticos, periodistas y activistas cívicos, arraigada en el sistema autoritario de partido único que gobernó durante la mayor parte del siglo XX. Pero el caso contra Delgadillo y las otras dos mujeres parece marcar el primer uso conocido del estatuto del crimen organizado contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Los expertos legales expresan una creciente preocupación por el uso de poderes especiales para investigar delitos de rutina o ajustar cuentas políticas.

“Lo que comenzó como una excepción se está convirtiendo en la regla”, dijo a The Post José Ramón Cossio, ex juez de la Corte Suprema. “Mi preocupación es que cada vez que los fiscales no tienen la capacidad de investigar o construir un caso, lo utilizan para formar acusaciones”.

En uno de los usos más controvertidos del estatuto, 31 científicos destacados fueron acusados este año de malgastar $ 12 millones en fondos del gobierno en teléfonos celulares, estacionamiento y una oficina. Los científicos han negado haber actuado mal y la comunidad académica de México se ha unido a ellos. Un juez rechazó dos veces una solicitud de encarcelar a los científicos, citando la falta de pruebas.

A la demanda de Delgadillo se han sumado media docena de organizaciones de asistencia al migrante. También se han inscrito varios centroamericanos que perdieron familiares en San Fernando y que han sido representados por Delgadillo.

“El gobierno no ha querido investigar” la masacre, dijo Bertila Parada de Osorio, una mujer salvadoreña cuyo hijo de 27 años fue asesinado. “En cambio, abrieron un caso para investigar a quienes estaban ayudando a las familias centroamericanas, nosotros, que estamos totalmente indefensos”.

Comunicado de apoyo a la periodista Marcela Turati: https://forms.gle/ev7kEPzQWnA3rwhQ8

MARY BETH SHERIDAN / ALEJANDRA IBARRA CHAOUL / THE WASHINGTON POST

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