Poder y Gobierno

VENEZUELA OBLIGARÁ A ONGS A INSCRIBIRSE EN OFICINA CONTRA EL CRIMEN Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

CARACAS.- El Gobierno de Venezuela dictó una Providencia Administrativa que ordena a todas las organizaciones de la sociedad civil cumplir con la inscripción en un registro para el 1 de mayo de 2021, normativa que recibe el nombre de “Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, que fue publicada el 30 de marzo de 2021.

En síntesis, ordena que todas las personas naturales y jurídicas de carácter no financiero deben inscribirse en el registro mencionado antes del 1 de mayo, e impone varios controles que incluyen la entrega del acta de constitución, las actas de las asambleas celebradas, listas de miembros y personal, listas de donantes, registro de movimientos económicos y listas de todos los beneficiarios, como por ejemplo, las víctimas de violaciones de derechos humanos y quienes reciben ayuda humanitaria, y otras organizaciones con las que trabajen.

Amnistía Internacional denunció que esta normativa aplica una presunción de que, a través de las organizaciones civiles, se cometen delitos como el terrorismo o que las ONG son vulnerables a estos delitos, porque no están sujetas a la supervisión de un organismo público específico ni reguladas por una ley especial. Asimismo, que impone restricciones a las ONG, las organizaciones humanitarias y otros miembros de la sociedad civil venezolana, con el fin de controlar y limitar su trabajo en favor de víctimas de violaciones de derechos humanos, personas que reciben ayuda humanitaria y personas necesitadas.

En este sentido, el informe destaca que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan una misión fundamental en cualquier país, pero más aún en Venezuela, donde millones de personas se ven obligadas a hacer frente a una emergencia humanitaria, violaciones de derechos humanos generalizada y sistemáticas, y los efectos de una pandemia.

Concluye denunciando que todas las medidas impuestas por esta nueva legislación violan el derecho de asociación, el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia de sus miembros, y ponen a las organizaciones de la sociedad civil en grave riesgo de criminalización y represalias.

DIARIO CONSTITUCIONAL