Poder y Gobierno

DIF ESTATAL SUBASTA POR 2 MILLONES DE PESOS A INFANTES

Los niños son subastados desde los 500 mil hasta los dos millones de pesos, dependiendo su edad y que tan rápido se requiera el «papeleo».

El DIF se ha convertido en una institución de trata de blancas, ya que la adopción de menores de edad es una verdadera subasta, donde el mejor postor puede determinar la edad y el género del infante

MÉXCO.- De nueva cuenta el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal y el ex gobernador Rolando Zapata Bello están en el ojo del huracán, pues son cómplices en el tráfico de niños que impera en el DIF estatal y todas sus dependencias, pero no pueden destapar la cloaca, pues se armaría tremendo escándalo, ya que se trata de un delito federal, en el que están involucrado, empresarios, funcionarios públicos y personas de la alta sociedad, que tienen negocios turbios con los gobernantes y podrían parar a la cárcel.

Mientras, en el DIF continúan subastando niños al mejor postor, a complacencia de las autoridades, a quienes no les interesa el historial o las intenciones de las personas que adoptan, únicamente se fijan que tan gordo está su bolsillo.

Tristemente, todos los niños y hasta los recién nacidos que son arrebatados de los brazos de sus padres y son víctimas de este atroz crimen, quedan marcados para el resto de sus vidas, pues aunque sean acogidos por una familia de alto poder adquisitivo, la verdad es que nunca volverán a ser los mismos, después de todo y como reza el dicho, «la sangres es más espesa que el agua».

Así, en los últimos años, el DIF Yucatán se ha convertido en una institución de trata de blancas, ya que la adopción de menores de edad es una verdadera subasta, donde el mejor postor puede determinar la edad y el género del infante, al mismo tiempo que tiene otras ventajas para elegir con respecto a las demás parejas que pretenden adoptar un hijo.

Los infantes son entregados a políticos, empresarios, homosexuales y/o extranjeros, quienes aportan fuertes cantidades de dinero, entre los cuales está la exlegisladora Cinthya Noemí Valladares Couoh, emanada del Partido Acción Nacional (PAN).

Y es que lo anterior no es para menos, pues el DIF y el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), y el Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay), prácticamente se han convertido en una boutique de niños, donde los infantes son literalmente comprados por el mejor postor, sin que las autoridades indaguen sobre el historial o las intenciones de éste, pues lo único que les importa es el tamaño de su bolsillo.

Rolando y Vila tienen miedo

Lo peor del tráfico de niños que impera en el DIF es que el actual Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, así como su predecesor, Rolando Zapata Bello, son cómplices de esta mafia, pues tienen conocimiento pleno de la situación, pero no se atreven a mover ni un sólo dedo, pues la verdad es que no les conviene.

La defensora Dariana Quintal Narváez, quien lucha por los derechos de las personas afectadas por este tráfico de niños, señaló que en la época de Rolando, cuando fue a interponer las respectivas denuncias ante las autoridades, en varias ocasiones fue recibida por diversos funcionarios, entre ellos el exsecretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, quien en muchas ocasiones le prometió que tomaría cartas en el asunto.

Sin embargo, a la defensora siempre le hacían dar vueltas y vueltas y le daban largas para atender su querella. Finalmente terminó el sexenio de Rolando Zapata, pero el tráfico de niños continuaba flagrante.

Luego, comenzó el sexenio de Mauricio Vila y Dariana ha pedido audiencias en múltiples ocasiones, pero hasta el día de hoy no la han atendido. También ha acudido a denunciar a Derechos Humanos y la Fiscalía, pero nada se mueve.

De esta forma se corrobora que Mauricio Vila y Rolando Zapata son cómplices de esta mafia de tráfico de niños que impera en el DIF y sus dependencias, pero no se atreven a destapar la cloaca, pues sería un verdadero escándalo, pues se trata de un delito federal que, como se sabe, involucra no sólo a funcionarios públicos y políticos, sino a poderosas familias de la sociedad, quienes seguramente irían a parar a la cárcel.

Es más, muchas de esas familias adineradas han hecho negocios con ambos gobernantes y en su momento financiaron sus campañas. Se trata de funcionarios, empresarios y políticos, que en complicidad con autoridades de la Fiscalía General del Estado les arrebatan a sus hijos a humildes padres de familia, que por falta de recursos o de información se encuentran en un completo estado de indefensión.

Mientras, el tráfico de niños se ha convertido en un verdadero negocio para estas personas sin escrúpulos, que lucran con el sufrimiento de cientos de familias yucatecas.

Inequidad

El tráfico de recién nacidos en Yucatán es un negocio compartido entre la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) y la organización católica Vida y Familia (Vifac), cuyos «benefactores», quienes desean adoptar un hijo, destinan hasta dos millones de pesos, como «donativo» a dicha asociación civil.

Las madres son jóvenes violadas de escasos recursos que fueron convencidas a no abortar y que den en adopción a su hijo, el cual estaría con una familia de dinero, que le daría todas las comodidades, y a la vez que ella podría continuar con su vida normal después del parto.

La representante estatal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Adelaida Salas Salazar, reprobó la actitud de la titular de la Prodemefa, Teresita de Jesús Anguas Zapata, ya que hay una inequidad par aquellas parejas que también desean formar una familia, pero son de escasos recursos, cuya entrega tarda cerca de ocho años, debido a los numerosos procesos administrativos y legales.

Al mismo tiempo, les entregan un menor de edad con alguna capacidad limitada o con problemas psicoemocionales, al no tener una familia, o bien, cuya edad es mayor a los siete años.

La defensora de las mujeres dijo que se enteró de la problemática cuando una pareja le solicitó su apoyo para poder adoptar a un niño, debido a que le ponían numerosas trabas al respecto.

De ahí corroboró el vínculo que prevalece entre Prodemefa y Vifac, cuyos interesados en adoptar destinan entre 500 mil hasta dos millones de pesos, y son quienes eligen a la joven madre, a la cual vigilarán para que su gestación sea lo más placentera.

Para ello, el interesado y la madre firman un acuerdo para la inmediata adopción del recién nacido y, luego del parto, le preguntan a la progenitora si desea entregar al bebé; una vez que accede, el producto es cedido a sus nuevos padres.

El dinero destinado como «donativo» es para la alimentación de la joven embarazada y, cuando concluye el respectivo trámite, todos le agradecen a la madre y se rompe el nexo que unía a la progenitora, Vifac, Prodemefa y los nuevos tutores.

Comentó que en una reunión que tuvo con la diputada independiente Milagros Romero Bastarrachea y Anguas Zapata, «la cuestionó sobre esa inequidad y desigualdad que hay en la entrega de adopciones, y del vínculo que hay con Vifac, pero en ningún momento contestó».

«Tal es la corrupción que no sé cómo nombrar lo que hace Prodemefa y Vifac, pues hay un tráfico de bebés, un favoritismo hacia las personas de dinero, e imperan las omisiones hacia las familias de escasos recursos», acotó la entrevistada.

Modus operandi

Mientras, el simple hecho de que los menores y recién nacidos caigan en las garras de este tráfico, implica que los infantes queden marcados de por vida.

El modus operandi de las personas involucradas en este tráfico de menores es cruel y despiadado. Primero, como se informó en una entrega anterior, los menores son arrebatados de los brazos de sus padres, a quienes sin pruebas acusan de maltratos, abuso sexual y otras bajezas.

Luego, una vez que los niños están en poder del DIF, el Caimede, la Prodemefa o el Cecofay, los supuestos encargados de su cuidado no hacen más que sobajarlos psicológicamente: «nadie te quiere», «a nadie le importas», «las personas a las que te vamos a dar es lo mejor que te puede pasar», «deberías estar agradecido», son algunas de las frases que a diario les dicen a los pequeños, para destruir su autoestima y dejarlos sin esperanza de regresar con sus padres.

Así, los funcionarios del DIF también aplican el clásico «lavado de mente» en jóvenes mujeres, que se embarazaron al ser abusadas por algún familiar o conocido, pero que, por falta de información, no supieron interponer denuncia alguna.

A estas jóvenes las convencen para dar el niño en adopción e incluso les ofrecen encargarse de los gastos médicos y hasta darle alguna despensa o bonificación, con tal de conseguir al infante para su provecho personal

De negarse, entonces el semblante de los funcionarios da un giro de 180 grados y comienzan a amenazar a las damas: «de seguro tú provocaste a tu marido», «nadie te va ayudar», «al bebé no lo vas a poder cuidar y cuando algo le pase te lo vamos a quitar de todas formas, y a ti te vamos a meter a la cárcel», les dicen a las mujeres, quienes entre lágrimas se mantienen en silencio, pues en ese momento sienten que están atravesando por un infierno.

Todo lo anterior fue expresado por la señora Lizbeth C. C., quien con mucho arrepentimiento admitió que ella y su marido fueron clientes de esta mafia que trafica menores.

La mujer comentó que, por un lado, pudo convertirse en mamá hace 23 años y considera que ella es una de las pocas personas que en verdad le brinda amor a su hijo, aunque hoy en día reprueba el tráfico de niños que impera en el DIF, a pesar de que hay miles de mujeres en su situación, que por azares del destino no pueden concebir.

Lizbeth informó que en ese entonces estaba desesperada y se enteró gracias a su marido de las facilidades que daban en el DIF para adoptar. Durante una visita al lugar le mostraron varios niños, de entre 4 y 9 años, aproximadamente, con los que pudo convivir, pero relató que se sintió muy incómoda, pues los infantes prácticamente eran un «cascaron vacío».

«Los niños no tenían sentimiento algunos en sus rostros. Es más, se limitaban a contestar las preguntas que se les hacían con monosílabos: sí o no; ni su nombre decían. Si queríamos saber cómo se llamaba el niño, la persona que nos atendía nos pasaba el dato».

La entrevistada agregó que en esos tiempos, los niños eran entregados en adopción por una «donación voluntaria» de entre 100 y 500 mil pesos. De igual forma, si la pareja se animaba a llevarse a alguno, la persona que los atendía les proporcionaba con toda amabilidad imágenes y datos de los infantes, como las fotos de sus padres, señas particulares como lunares, cicatrices y hasta un historial de los progenitores, como si se tratase de algún «pedigree» de la criatura que adoptarían.

Sin embargo, luego de tal impresión la mujer trató de echarse para atrás, pero la funcionaria que los atendía detectó esto y de inmediato la abordó.

«Si no está convencida le puedo ofrecer un recién nacido, pero su colaboración sería de entre uno y dos millones de pesos», fueron las palabras de la persona que ofrecía el recorrido por las instalaciones a la pareja.

La entrevistada de inmediato quedó intrigada y pidió más información. Fue cuando le explicaron que tenía la opción de salir del lugar con un recién nacido, si no le importaba el hecho de que, obviamente, ante la sociedad, se sabría que el hijo de la pareja fue adoptado.

Sin embargo, había una tercera opción: «si planea disimular la adopción, podemos programarla para dentro de 7 o 9 meses, para que tenga tiempo suficiente de hacer los preparativos».

A la señora Lizbeth le explicaron que si lo deseaba podría ir sembrando la idea entre sus conocidos que estaba embarazada, es decir, en tres meses podría comprar ropa más holgada e incluso pensar en algún tipo de prótesis para disimular la «pancita» y así durante todo el falso proceso de gestación.

A partir de los 7 meses podrían entregarle al bebé y finalmente presentarlo ante la sociedad.

Obviamente, a la entrevistada también le mostraron las fotos de las jóvenes mamás que darían «voluntariamente» su hijo en adopción y le explicaron que las muchachitas no querían ser madres, pues no estaba preparadas, aunque ahora se sabe que en realidad estaban amenazadas por las propias autoridades que deberían de velar por su seguridad.

A la pajera le mostraron las fotos de la mamá y del papá, para que pudiesen elegir sabiamente al futuro bebé y tratar de «atinarle» a que se parezca lo más posible a ellos.

Pero, si Lizbeth y su marido fueron clientes de este tráfico de niños, ¿por qué ahora denuncian los hechos?

«La razón es simple. Todo niño, no importa si es recién nacido o ya cumplió algunos años, si es víctima de ese tráfico quedará marcado de por vida».

«A los niños que son arrebatados de sus padres les meten falsas ideas en la cabeza, les ‘lavan la mente’. Y los bebés que también son arrancados de los brazos de su madre recién parida obviamente también recienten esto, no tienen un primer contacto amoroso con su mamá. Ya cuando crecen y son más inteligentes, ellos mismos se dan cuenta de que algo no está bien, se vuelven rebeldes, impertinentes, groseros, no como cualquier adolescente, sino de una forma distinta… como si en su interior guardasen cierto rencor por no ser hijos de sangre. Es muy triste, por mucho amor que les dé uno, jamás será lo mismo que dar a un hijo de tus propias entrañas».

Esas fueron las dramáticas palabras de Lizbeth, quien en todo momento enfatizó que ama con todas sus fuerzas a su hijo, pero que ha tenido que trabajar mucho con él y con varios especialistas para hacerle ver que lo ama como si ella lo hubiese concebido, pues el muchacho, hoy de 23 años, sabe que es adoptado.

Página oficial

De acuerdo con la página oficial de Vifac, cuenta con 38 centros de atención en todo el país y, en el caso de Yucatán, está en Mérida.

«La misión es tender y capacitar a la mujer en estado vulnerable durante el embarazo, ofreciéndole alternativas para su desarrollo y el de su hijo(a)»; la visión es «estar al alcance de cualquier mujer que enfrenta un embarazo inesperado, teniendo presencia en todo el país»; el objetivo es «apoyar a mujeres embarazadas en estado vulnerable que enfrentan un embarazo inesperado y requieren de ayuda y acompañamiento para salir adelante con sus hijos(as) y alcanzar mejores condiciones de vida», según se establece en la página web.

Asimismo, establece que «Vifac es una asociación civil que atiende y capacita a la mujer en estado vulnerable durante su embarazo, ofreciéndole alternativas para su desarrollo y el de su hijo(a). Lo anterior, lo hace mediante un modelo de atención integral, consistente en alojamiento, alimentación, atención médica y psicológica, acompañamiento y consultoría personal, regularización escolar y talleres de capacitación para el trabajo. Éste se ofrece de manera gratuita a cambio de un fuerte compromiso social».

De igual forma, la organización establece que «para Vifac, contar con la ayuda de donantes de manera regular es esencial. Gracias a ellos, puede dar continuidad a su causa, desarrollar nuevos programas y ejecutar nuevos esfuerzos y, por supuesto, dar respuesta inmediata a todas las mujeres embarazadas que enfrentan un embarazo inesperado y requieren de ayuda y acompañamiento para salir adelante con sus hijos(as)».

Trata de blancas

A pesar que el imperante tráfico de niños se trata de un secreto a voces que inició durante el sexenio de Rolando Zapata Bello y que continúa en la administración de Mauricio Vila Dosal, recientemente inició una investigación al respecto, por parte de la Secretaría de Gobernación.

Centenas de parejas que desean tener un hijo se han quedado con las ganas, en especial, las de nivel económico bajo y medio, pues las personas con más poder adquisitivo tienen más ventajas para elegir, pues tiene mayor costo un bebé de unos días de nacido en comparación con uno de cinco años de edad, o más.

De igual forma, dependiendo del interés por el género del niño será el costo por el mismo, por lo que la cifra es más elevada al contemplar otros factores de interés.

Incluso, es más rápido el trámite para aquellas parejas que tienen más dinero para «no gastar en el papeleo y en los trámites», en comparación con las personas con bajo perfil económico.

Los trabajadores sociales, psicólogos y abogados, entre otras personas que laboran en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, laboran con mayor celeridad para la entrega del infante.

Es decir, se trata de una verdadera mafia que dirige la titular del DIF Estatal, María Cristina Castillo Espinosa, junto con las titulares del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), y el Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay).

Pero el tentáculo es más largo aún, pues en esta red de trata de menores de edad también está involucrada la titular de la Agencia 29 de la Fiscalía General del Estado (FGE), Arminda Guadalupe Ciau Flores, quien fue removida hace dos meses de dicha instancia especializada en niños y adolescentes, para ponerla en otra agencia, debido a las denuncias interpuestas en su contra.

Personal de estas dependencias tienen toda la información correspondiente a los menores de edad, sus progenitores y las personas que desean la tutela, por lo que se convierte en un verdadero negocio, aprovechando el nivel económico de las familias que desean una adopción.

Aunque en todo momento se establece que el trabajo que realizan es gratuito, la situación es diferente, pues dependiendo del poder adquisitivo de la familia que adoptará, mayor serán las ventajas que tienen.

A pesar que Zapata Bello sabía de dicha red de corrupción, nada hizo al respecto y lo mismo sucede con Vila Dosal, pero la solución empieza a tener un final, debido a la labor de la defensora legal Dariana Quintal Narváez, motivo por el cual la Segob ya interviene para esclarecer la situación.

Versión oficial

El 12 de septiembre de 2020, el Gobierno del Estado informó que, a casi dos años del inicio de este Gobierno, a 369 niñas, niños y adolescentes se les restituyó su derecho a una vida en familia, cuyo «avance se debe a la agilización de los procesos y la creación del programa Redes Familiares del DIF, a través de la Prodemefa».

Tan sólo ese día, dos niños, uno de ocho años y otro de 10, cumplieron uno de sus más grandes anhelos: tener una familia.

De octubre de 2018 al 12 de septiembre de 2020 se integraron a una vida en familia 369 infantes y adolescentes.

La directora del DIF Yucatán, María Cristina Castillo Espinosa, señaló que esta cifra histórica es posible gracias a que se agilizaron los trámites necesarios para resolver oportunamente la situación jurídica de las y los menores, así como a la puesta en marcha del programa de Redes Familiares, en marzo del año pasado.

«Desde el inicio de este Gobierno, tenemos un objetivo muy claro: garantizar el respeto a los derechos de la niñez y adolescencia, para que tengan una vida plena y feliz; por ello, estamos trabajando incansablemente para brindarles un entorno familiar sano», aseguró.

Asimismo, la funcionaria indicó que, bajo el proceso de adopción, se ha integrado a 119 niñas, niños y adolescentes, mientras que a través de Redes Familiares, son 250 infantes que se encontraban en diferentes Centros de Asistencia, quienes fueron entregados a sus hogares.

Bajo estrictos protocolos de higiene y prevención de Covid-19, los dos niños fueron adoptados por sus respectivas nuevas familias, explicó.

«Este momento ha sido el mejor de nuestras vidas; hoy, estamos consolidando lo que tanto queríamos: formar un hogar con nuestro hijo», expresó uno de los papás, de acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno del Estado.

Por su parte, la titular de la Prodemefa, Teresita Anguas Zapata, comentó que la dependencia está impulsando las acciones necesarias para que más infantes puedan disfrutar de una vida plena, con un círculo que les guíe y oriente.

Señaló que Redes Familiares se puso en marcha para que niñas, niños y adolescentes, que fueron separados de entornos no favorables y quedaron bajo la tutela pública en los Centros de Asistencia Social, puedan vivir bajo la guarda y cuidados de su familia extensa o ampliada, ya que se les prioriza como proveedoras de un hogar y cuidados.

Un equipo de trabajo social, psicológico y jurídico de la Prodemefa se encarga de buscar a las y los parientes idóneos que brinden las mejores atenciones; estos esfuerzos han incluido la coordinación con otros estados para la localización y valoración de idoneidad de estas personas, así como el seguimiento oportuno de cada caso.

Esta sinergia entre autoridades ha permitido integrar infantes en Baja California, Campeche, Chiapas, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

«Para seguir transformando Yucatán, debemos seguir fortaleciendo a las familias, generando su unión y un ambiente propicio para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes», puntualizó.

Aunado a las acciones en materia legal, la Procuraduría renovó las instalaciones del Departamento de Adopciones, a fin de que quienes acudan a solicitar informes sobre el proceso o a realizar algún trámite, tengan espacios más cómodos y adaptados a los lineamientos de prevención de Covid-19, concluye el documento oficial.

La vil mentira

La representante del Movimiento Yucatán Ya No Más Negocios con Nuestros Hijos, Dariana Quintal Narváez, consideró tal boletín de prensa como «una vil mentira», ya que no reportan el número de menores de edad que realmente dan en adopción.

Tan sólo en 2016, fueron cerca de 480 los menores de edad que estaban en un proceso de investigación por parte de la dependencia perteneciente al DIF, de los cuales, unos 300 fueron enviados al Caimede y al Cecofay, pero se desconoce el paradero del resto.

De tal manera, ahora, el Gobierno del Estado establece que en dos años se establece un récord con 369 niños y adolescentes.

Lamentó el hermetismo que prevalece, pues no han dado a conocer la cifra real de adopciones y mucho menos informan a quién se entrega los menores de edad, ya que dicha información es secreta, para «la protección de los infantes».

Desde 2018, el activista y sacerdote católico José Alejandro Solalinde Guerra, apoya a la defensora de los derechos humanos, a quien le da dado todo su respaldo.

«Estoy con Dariana Quintal, una persona que por ser defensora de los derechos humanos y también víctima, está corriendo grandes riesgos. Quiero hacer un llamado al Gobernador de Yucatán, pero también al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que protejan la vida de Dariana», aseveró.

«Tiene mi apoyo, tiene todo mi apoyo y exijo que ella pueda tener protección», subrayó.

Labor legislativa…

El pasado 20 de febrero, el Poder Legislativo sometió a parlamento abierto, a partir del 22 de dicho mes, las iniciativas de proyecto de Ley de Adopción y reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Para ello, se busca conocer la opinión de la sociedad antes de tomar decisiones al respecto.

En la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron crear dos micrositios en la página de internet congresoyucatan.gob.mx, para que la sociedad yucateca pueda presentar sus observaciones y aportaciones para enriquecer esas iniciativas, presentadas por las diputadas sin partido Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, para el caso de la Ley de Adopción, y por el panista Manuel Díaz Suárez en el caso de la segunda.

Los diputados acordaron que en ambos casos, los micrositios estuvieron abiertos durante cinco días hábiles, desde el 22 de febrero, plazo en el cual también las diputadas y los diputados podrán presentar sus contribuciones.

Para el caso del proyecto de Ley de Adopción del Estado, se presentó una propuesta de cambios por la Secretaría General del Congreso Estatal.

López Escoffié puntualizó que esta iniciativa tiene como espíritu fundamental agilizar el procedimiento de adopción y si se cambia el artículo 26, como propone la Secretaría General, no cambiaría nada a como se realiza el proceso en estos días.

Por su parte, el Diputado del Partito Revolucionario Institucional (PRI), Luis Borjas Romero, y Presidente de la Comisión, señaló que la propuesta es para análisis y será enriquecida con las observaciones que se generen en el micrositio y las aportaciones de las y los legisladores.

En la misma sesión se entregó entre los integrantes de la Comisión la propuesta técnica de la iniciativa que adiciona artículos sobre los delitos contra la vida e integridad corporal del Código Penal del Estado, presentada por el Diputado Miguel Rodríguez Baqueiro, del Partido Acción Nacional (PAN).

También se proporcionó un análisis del Instituto de Investigaciones Legislativas y la opinión jurídica de la Secretaría General sobre la iniciativa para modificar el Código Penal y el Código de la Administración Pública de Yucatán, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Incluso, se distribuyó la iniciativa para hacer reformas al Código de Familia en torno al uso de la tecnología en la impartición de justicia en materia de relaciones materno-paterno filiales, así como la propuesta de cambios a la Ley de Víctimas del Estado, suscrita por la diputada del PRI María Moisés Escalante.

Igual se distribuyó la iniciativa para modificar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, en materia de feminicidio.

EL SOL DE QUINTANA ROO